El abogado penal y máximo responsable del Consejo General de la Abogacía, Carlos carnicer, ha sido, desde el primer momento, muy crítico con la Ley de Tasas que impulsón Don Alberto Ruiz Gallardón y que fue aprobada por el Gobierno.
Además ha indicado que el Consejo General de la Abogacía está en contra de la misma porque cree firmemente en su inconstitucionalidad.
A su juicio, el argumento más sólido es el que rebate el preámbulo de la Ley de Tasas: “La ley invoca en su preámbulo una sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del año pasado, pero precisamente esa sentencia es mal interpretada, pues lo que establece es que si las tasas no sólo impiden, sino que obstaculizan el acceso a los tribunales, son inconstitucionales”.
Además ha indicado que el Consejo General de la Abogacía está en contra de la misma porque cree firmemente en su inconstitucionalidad.
A su juicio, el argumento más sólido es el que rebate el preámbulo de la Ley de Tasas: “La ley invoca en su preámbulo una sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del año pasado, pero precisamente esa sentencia es mal interpretada, pues lo que establece es que si las tasas no sólo impiden, sino que obstaculizan el acceso a los tribunales, son inconstitucionales”.
Para Carnicer, la ley tampoco es respetuosa con el derecho de igualdad pues tiene un comportamiento perverso en materia de recursos porque, si bien el ciudadano que quiera interponer una acción judicial tendrá todo el tiempo de la prescripción para presentarla y solicitar la financiación de un banco o de familiares, en Segunda y Tercera Instancia el coste puede ascender hasta 20.000 euros. Ese dinero habrá que aportarlo, además, en el plazo de cinco o diez días como máximo, tiempo establecido para interponer el recurso.”Nos estamos viendo obligados a aconsejarles a los clientes que si no tienen todo el dinero asegurado no interpongan el procedimiento porque pueden perderlo definitivamente. La reclamación se va a convertir en un derecho absolutamente menospreciado y marginado por parte del Estado”, ha dicho Carnicer.
El presidente del Consejo General de la Abogacía también ha señalado que la supresión de 1.200 jueces sustitutos, aprobada por Ley Orgánica el pasado mes de diciembre, es una maniobra del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para justificar de manera artificial la defensa de esta ley . “Sabemos que uno de los problemas de España es la lentitud de la justicia, Gallardón la ha invocado en muchas ocasiones, ha recordado que tenemos muchos menos magistrados que la media europea y, sin embargo, toma esta decisión. ¿Quién entiende esto, por qué se fuerza una mayor lentitud de la justicia de forma artificial para mostrar a los españoles que hay que no hay acudir tanto a la justicia? Pregúntenlo ustedes, porque yo ya se lo he preguntado al ministro y no me ha respondido”, decía Carnicer.
Fuente: Almería360.com
